Son muchas las versiones que se han oído en torno a si fue un acierto o un despropósito el que en Colombia se hubiera adoptado apresuradamente el sistema de las Sociedades Anónimas Simplificadas, conocidas como SAS. Quienes las defienden sustentan sus argumentos en la necesidad de abolir trámites y costos, para que las actividades de los particulares estén cada día más simplificadas y de esta manera se pueda propender por una competitividad.

Pero cabe preguntarnos si el país estaba preparado para introducirse en ese tema, tal como lo han hecho algunos países desarrollados, siguiendo orientaciones del Fondo Monetario Internacional.

Los hechos nos demuestran que no. El Ex fiscal General Mario Iguarán, antes de hacer dejación del cargo, manifestó en una intervención pública, que estaba sorprendido por la forma como su despacho estaba evidenciando sistemas de lavado de activos, encontrando que las últimas incautaciones, la inmensa mayoría estaban amparadas en las famosas SAS.

Y poco después aparece el escándalo de la DIAN, en donde se calcula que el Estado ha sido defraudado en una suma que puede superar los cuatro billones, en donde se utilizó igualmente la figura de las SAS para crear empresas de papel, que hacían operaciones ficticias con el objeto de solicitar devoluciones del IVA sobre transacciones que nunca se habían realizado en la práctica.

Uno no se puede llegar a explicar, cómo un acto tan importante como es el establecimiento de una sociedad comercial, se pueda hacer en cualquier papel y al firmarse quede listo para hacer toda clase de operaciones que involucran a los particulares y al Estado, sin que en esa sociedad haya habido un control de legalidad, sin que hubiere existido la evidencia de la identidad de los involucrados, sin que contenga el principio de la fe pública del documento y sin que se garantice la publicidad que le da el hecho de constituirse por instrumento público.

Creemos que los inspiradores de esta figura, tal como lo analizó un reciente editorial de este diario, no han pensado en el escenario en donde fue implantada, que es nada menos que un país en donde el común denominador es el delito, y siendo así, los particulares y el mismo Estado requieren de instrumentos de protección que les permita defenderse de las amenazas del entorno.

El doctor Echandía, llamado la conciencia jurídica del País, cuando era ministro de Justicia solía decirles a los congresistas, cuando aparecían con propuestas ligeras, que nos se les olvidara que no estaban legislando para Dinamarca, sino para Cundinamarca.

Ojalá esta situación pueda ser evaluada en sus reales dimensiones, y desde luego, dentro de las realidades que el País vive y que de ninguna manera se pueden desconocer.

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